Nueva Jersey codifica sus leyes de confianza inmigrante que limitan la cooperación de la policía local con ICE
Estado: En vigor ahora — New Jersey Immigrant Trust package (A4071/S3521 Immigrant Trust Act; A4070/S3522 Privacy Protection Act; S3114/S3216 law-enforcement identification act) (N.J. A4071/S3521 (P.L.2026, c.5); A4070/S3522 (P.L.2026, c.4); SCS S3114/S3216 (P.L.2026, c.3))
El 25 de marzo de 2026, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó un paquete de tres leyes que convierte en estatuto permanente las políticas de "santuario" del estado. La pieza central, la Ley de Confianza Inmigrante (Immigrant Trust Act, A4071/S3521, P.L.2026, c.5), codifica la "Directiva de Confianza Inmigrante" del Fiscal General de 2018 y entró en vigor de inmediato. Prohíbe que las fuerzas del orden estatales, del condado y municipales: celebren, modifiquen, renueven o actúen bajo acuerdos 287(g) que autorizan a agentes locales a hacer cumplir la ley migratoria; detengan, interroguen, arresten, registren o retengan a alguien basándose únicamente en su presunta ciudadanía o estatus migratorio; pregunten por el estatus migratorio salvo que sea necesario para una investigación en curso de un delito procesable (indictable); den a ICE acceso a equipo, oficinas, bases de datos o propiedad no públicos de las fuerzas del orden; y mantengan a una persona detenida más allá de su fecha de liberación basándose solo en una orden de detención migratoria civil (con una excepción para personas acusadas o condenadas por ciertos delitos violentos o graves). También exige que las cárceles entreguen al detenido un aviso por escrito, en un idioma que entienda, cuando las autoridades migratorias soliciten entrevistarlo o ser notificadas de su liberación. La Ley de Protección de la Privacidad complementaria (Privacy Protection Act, A4070/S3522, P.L.2026, c.4) limita cuándo las agencias estatales y locales y los centros de salud pueden recopilar, conservar y compartir información personal como el estatus migratorio o de ciudadanía, y una tercera ley (SCS S3114/S3216, P.L.2026, c.3) en general prohíbe que los agentes del orden se cubran el rostro durante ciertas interacciones públicas y les exige identificarse antes de un arresto o detención. Como se trata de leyes estatales promulgadas (no de órdenes judiciales), actualmente no hay litigio que las suspenda; Nueva Jersey se convirtió en el décimo estado en prohibir la participación local en el programa 287(g) de ICE.
Próximo paso: Hay que vigilar la guía de implementación del Fiscal General y los informes de educación pública de los fiscales de condado exigidos dentro de los 120 días posteriores a la promulgación, así como cualquier impugnación federal ante los tribunales contra las nuevas leyes, dado que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha demandado a otros estados por leyes "santuario" similares.
Verificado contra la fuente primaria al 2026-07-25 — el estado puede cambiar con un solo fallo judicial. Fuente oficial.
Qué está pasando
El 25 de marzo de 2026, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó un paquete de tres leyes que convierte en estatuto permanente las políticas de “santuario” del estado. La pieza central, la Ley de Confianza Inmigrante (Immigrant Trust Act, A4071/S3521, P.L.2026, c.5), codifica la “Directiva de Confianza Inmigrante” del Fiscal General de 2018 y entró en vigor de inmediato. Prohíbe que las fuerzas del orden estatales, del condado y municipales: celebren, modifiquen, renueven o actúen bajo acuerdos 287(g) que autorizan a agentes locales a hacer cumplir la ley migratoria; detengan, interroguen, arresten, registren o retengan a alguien basándose únicamente en su presunta ciudadanía o estatus migratorio; pregunten por el estatus migratorio salvo que sea necesario para una investigación en curso de un delito procesable (indictable); den a ICE acceso a equipo, oficinas, bases de datos o propiedad no públicos de las fuerzas del orden; y mantengan a una persona detenida más allá de su fecha de liberación basándose solo en una orden de detención migratoria civil (con una excepción para personas acusadas o condenadas por ciertos delitos violentos o graves). También exige que las cárceles entreguen al detenido un aviso por escrito, en un idioma que entienda, cuando las autoridades migratorias soliciten entrevistarlo o ser notificadas de su liberación. La Ley de Protección de la Privacidad complementaria (Privacy Protection Act, A4070/S3522, P.L.2026, c.4) limita cuándo las agencias estatales y locales y los centros de salud pueden recopilar, conservar y compartir información personal como el estatus migratorio o de ciudadanía, y una tercera ley (SCS S3114/S3216, P.L.2026, c.3) en general prohíbe que los agentes del orden se cubran el rostro durante ciertas interacciones públicas y les exige identificarse antes de un arresto o detención. Como se trata de leyes estatales promulgadas (no de órdenes judiciales), actualmente no hay litigio que las suspenda; Nueva Jersey se convirtió en el décimo estado en prohibir la participación local en el programa 287(g) de ICE.
A quién afecta
A los inmigrantes que viven en Nueva Jersey y a sus familias durante sus encuentros con la policía, los alguaciles (sheriffs), las cárceles y los fiscales estatales, del condado y municipales, no con agentes federales. Las leyes limitan hasta dónde pueden llegar los propios agentes de Nueva Jersey al ayudar a ICE: por lo general no pueden preguntar por el estatus migratorio sin un motivo de investigación penal, retener a alguien tiempo adicional para ICE solo con una orden de detención civil, ni dar a ICE acceso no público a bases de datos e instalaciones locales, y no pueden unirse al programa 287(g). La aplicación de la ley migratoria federal en sí no cambia: ICE y CBP siguen operando en Nueva Jersey bajo la ley federal, y los estatutos incluyen excepciones (por ejemplo, para personas acusadas o condenadas por ciertos delitos graves y, según las enmiendas aprobadas, aviso en algunas situaciones de orden final de deportación). Esto es información general sobre lo que hacen los estatutos, no asesoría legal sobre ningún caso individual.
Cómo llegó hasta aquí
- 29 de nov de 2018 El Fiscal General de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, emite la Directiva de Confianza Inmigrante (Directiva de Aplicación de la Ley 2018-6), una política administrativa que limita cómo la policía estatal y local puede ayudar en la aplicación de la ley migratoria civil federal.
- 27 de sep de 2019 El Fiscal General actualiza la directiva (versión 2.0), aclarando sus límites a la cooperación local con ICE; al seguir siendo una directiva administrativa, una futura administración podría revocarla, razón por la cual los defensores impulsaron su codificación.
- 23 de mar de 2026 Para finales de marzo de 2026, la Legislatura de Nueva Jersey ha aprobado el paquete de tres proyectos de ley tras enmiendas que redujeron algunas disposiciones, incluidas excepciones sobre órdenes de detención y sobre el intercambio de información.
- 25 de mar de 2026 La gobernadora Mikie Sherrill firma el paquete como ley en Newark: la Ley de Confianza Inmigrante (P.L.2026, c.5), la Ley de Protección de la Privacidad (c.4) y la ley de identificación de agentes del orden y contra el uso de máscaras (c.3). La Ley de Confianza Inmigrante entra en vigor de inmediato, y Nueva Jersey se convierte en el décimo estado en prohibir la participación local en el programa 287(g).
Qué vigilar a continuación
Hay que vigilar la guía de implementación del Fiscal General y los informes de educación pública de los fiscales de condado exigidos dentro de los 120 días posteriores a la promulgación, así como cualquier impugnación federal ante los tribunales contra las nuevas leyes, dado que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha demandado a otros estados por leyes “santuario” similares.
Fuentes oficiales
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Esta página es información general sobre litigios en curso, no asesoría legal. El estado de un caso puede cambiar con un solo fallo y los resultados pueden depender de hechos específicos de cada persona. Para asesoría sobre una situación específica, consulte a un abogado de inmigración con licencia o a un representante acreditado por el DOJ.