Residentes permanentes al reingresar: Blanche v. Lau

Estado: Decidido — Blanche v. Lau (No. 25-429)

Resuelto el 23 de junio de 2026 (6 a 3): la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige que un oficial fronterizo tenga evidencia clara y convincente de que un residente permanente legal que regresa cometió un delito de vileza moral antes de tratarlo como solicitante de admisión. La Corte no decidió qué estándar menor se aplica y anuló la decisión del Segundo Circuito y devolvió el caso.

Próximo paso: El fallo es definitivo. El cambio práctico es al reingresar: si usted es residente permanente con cualquier condena penal, un cargo pendiente o un arresto en su historial, consulte a un abogado de inmigración antes de viajar al extranjero.

Última revisión editorial: 2026-09-24 — el estado puede cambiar con un solo fallo judicial. Fuente oficial.

Qué está pasando

El 23 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió Blanche v. Lau (N.º 25-429) por un voto de 6 a 3. El juez Thomas redactó la opinión mayoritaria y sostuvo que un oficial fronterizo no necesita “evidencia clara y convincente” de que un residente permanente que regresa cometió un delito descalificante antes de tratarlo como solicitante de admisión — y no decidió qué carga, si alguna, tiene el gobierno en la frontera. La Corte anuló la sentencia del Segundo Circuito, que exigía evidencia clara y convincente, y devolvió el caso. La jueza Jackson disintió, junto con las juezas Sotomayor y Kagan.

El efecto práctico: ahora es más fácil para el gobierno detener a un residente que regresa, dejarlo en “parole” en lugar de admitirlo, y referirlo a proceso de deportación — con base en una acusación de un delito de vileza moral, sin probar el delito subyacente con un estándar alto.

A quién afecta

Residentes permanentes legales (con green card) que viajan al extranjero y tienen una condena penal, un cargo pendiente o cualquier presunto delito de vileza moral en su historial. Al regresar, un oficial fronterizo puede tratarlos como solicitantes de admisión y referirlos a un proceso de deportación; con este fallo, el oficial no necesita evidencia clara y convincente del delito para hacerlo. Los residentes con historial limpio que regresan de viajes cortos no se ven afectados por el cambio.

Cómo llegó hasta aquí

  1. 1 de ene de 2007 Muk Choi Lau, ciudadano de China, se convierte en residente permanente legal de EE.UU.
  2. 1 de jun de 2012 Con un cargo de falsificación de marca pendiente en Nueva Jersey, Lau viaja brevemente al extranjero; al regresar al aeropuerto JFK, un oficial fronterizo lo deja en "parole" — tratándolo como solicitante de admisión — en lugar de admitirlo.
  3. 23 de jun de 2026 La Corte Suprema falla 6 a 3 (con la opinión del juez Thomas) que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige que un oficial fronterizo tenga "evidencia clara y convincente" de que un residente que regresa cometió un delito descalificante antes de tratarlo como solicitante de admisión. Deja abierto qué estándar se aplica y anula la decisión del Segundo Circuito y devuelve el caso. La jueza Jackson disiente, junto con las juezas Sotomayor y Kagan.

Qué vigilar a continuación

El fallo es definitivo. El cambio aparece en la frontera, al reingresar. Si usted es residente permanente con cualquier historial penal — incluida una condena antigua, un cargo desestimado o pendiente, o un arresto — el paso seguro es hablar con un abogado de inmigración antes de viajar al extranjero, para entender cómo un oficial fronterizo puede tratar su historial al regresar. Un abogado de inmigración con licencia o representante acreditado por el DOJ puede revisar su historial específico.

Fuentes oficiales

Relacionado en MigrantUSA

Esta página es información general sobre litigios, no asesoría legal. El estado de un caso puede cambiar con un solo fallo y los resultados pueden depender de hechos específicos de cada persona. Para asesoría sobre una situación específica — especialmente antes de viajar al extranjero con cualquier historial penal — consulte a un abogado de inmigración con licencia o a un representante acreditado por el DOJ.